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TODO LISTO PARA CONGRESO DIÁLOGOS JUDICIALES INTERNACIONALES.

Con la asistencia confirmada de 502 participantes de América y Europa, este jueves 22 dará inicio el congreso Diálogos Judiciales Internacionales. Control de convencionalidad y migración, tendencias y desafíos, que durante tres días reunirá en Tabasco a especialistas en temas de migración y derechos humanos, entre ellos cinco presidentes de supremas cortes de Justicia del continente americano y 19 presidentes de tribunales de Justicia de México .
El presidente del Poder Judicial, Jorge Javier Priego Solís, y el director académico del congreso, José Alejandro Sáiz Arnáiz, dieron a conocer que todo se encuentra listo para el evento que inaugurarán el gobernador Arturo Núñez Jiménez y Humberto Castillejos Cervantes, consejero jurídico del gobierno de México, y al que acudirán María Cristina Crespo Haro, presidente de la Unión Internacional de Magistrados, que agrupa a 80 países, y Luis Raúl González Pérez, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Control de convencionalidad y migración son dos temas que se encuentran en la agenda, no sólo jurídica del continente americano sino también en la política, expresó Sáiz Arnáiz, también catedrático de la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona.
El magistrado Priego Solís señaló que el cónclave se efectúa en el marco de los festejos del centenario de la promulgación de la Constitución de 1917, para debatir sobre la migración, los derechos de los migrantes, y sobre todo, la protección de los derechos de niños y familias que por una u otra razón deben salir de sus países de origen en condiciones irregulares.
Manifestó que la invitación está abierta y podrán escuchar las ponencias quienes así lo deseen, además de que las conclusiones se integrarán en una memoria electrónica y escrita a la que tendrán acceso los interesados.
Dijo que si entre las conclusiones del encuentro surgen propuestas para modificar la legislación vigente, éstas se entregarán al Poder Legislativo. La posibilidad es hacerlas llegar amparados en la facultad de iniciativa de ley de que goza el Poder Judicial, comentó.
“Dentro del debate puede salir cualquier idea. Considero que las leyes son perfectibles. En nuestro país tenemos buenas leyes, desafortunadamente no se aplican como debería ser. Pero es un tema para eso. Para debatirlo, para platicarlo y sacar la mejor solución”, puntualizó.
Priego Solís externó que para dar solución a la problemática derivada de la migración, en el norte o el sur del país, los muros no son la forma de resolverla. “Cuando uno tiene un problema debe analizarlo, tiene que buscar alternativas y dentro de ellas encontrar la solución. Si se pone el muro es tanto como no voltear a ver el problema, tanto en el caso de Estados Unidos, como en el caso nuestro en la frontera con Belice y Guatemala. Sería una locura estar pensando como país, como México, hacer un muro. Definitivamente, yo en lo personal lo descarto”.
Aseveró que la migración es un tema global, y “así como tenemos problemas de personas que están emigrando a Estados Unidos y nos han criticado: ‘¿Cómo pides que no regresen a los mexicanos que están emigrando a Estados Unidos y tú estás regresando a quienes ingresan al país?’, la mayoría de estas personas ingresan a nuestro país en tránsito hacia Estados Unidos. Creo que habrá que coadyuvar con los países centroamericanos para resolver el problema”, sostuvo.

 
DIÁLOGO ABIERTO Y FRUCTÍFERO
Alejandro Sáiz Arnáiz indicó que son temas de enorme actualidad que analizarán, en diálogo abierto, magistrados, jueces, funcionarios, abogados practicantes, académicos y jóvenes universitarios, indicó.
Agregó que especialistas como Christopher  Gascón, representante en México de la Organización Internacional para las Migraciones, y Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, disertarán dos conferencias magistrales sobre “Instrumentos internacionales para protección y seguridad humana de migrantes”, y “Los migrantes en la jurisprudencia de la Corte Interamericana”, respectivamente.
Las otras tres conferencias magistrales corresponden a Sergio Javier Medina Peñaloza, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, quien abordará “Los retos de la justicia en México”; Humberto Sierra Porto, ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el cual  expondrá sobre “Debates frecuentes en la aplicación del control de convencionalidad”, y Alberto Pérez Dayán, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), disertará sobre El control de convencionalidad desde la perspectiva del alto tribunal mexicano.
Asimismo, el viernes 23 de septiembre se desarrollarán cuatro mesas de debates en el auditorio del TSJ y el salón Gorostiza del palacio de gobierno     –dos de migrantes y dos dedicadas al control de convencionalidad– en las que, observó, “pretendemos llegar, dentro de nuestras posibilidades, al fondo de los dos temas.
En la primera de ellas participarán Edgar Elías Azar, titular del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de la República Mexicana (Conatrib); Pablo Pérez Tremps, magistrado emérito del Tribunal Constitucional Español y catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III, de Madrid; y Dorilián Moscoso López, magistrado del Poder Judicial de Tabasco.

En el segundo grupo de trabajo, enfocado a los migrantes, compartirán sus experiencias Fernando Silva García, juez de distrito del Primer Circuito del Poder Judicial de la Federación; Angela Quiroga Quiroga, fiscal especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, y la ítalo-brasileña Gracy Pelacani, profesora de la Universidad de Trento y catedrática visitante de la Universidad Pompeu Fabra.

Ese mismo viernes, de cuatro de la tarde a siete y media de la noche, en ambas sedes continuarán los trabajos del congreso internacional.

Con el tema Control de Convencionalidad, convergerán en una mesa de trabajo María Cristina Crespo Haro, magistrada de la República del Uruguay y presidente de la Unión Internacional de Magistrados; Eduardo Alberto Osorio Rosado, juez de distrito especializado en el sistema acusatorio del Poder Judicial de la Federación, así como Rafael Bustos Gisbert, profesor de la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial de España.

El cuarto grupo de trabajo, que abordará el tema de los migrantes, estará conformado por la argentina Romina I. Sijniensky, abogada senior de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; María Elisa García López, doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca y coordinadora de Investigación y Posgrado del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, y Alfonso Pérez Daza, consejero del Poder Judicial de la Federación.

 

DECLARACIÓN SOBRE MIGRANTES Y REFUGIADOS DE LA ONU, UN HITO
El catedrático español destacó la relevancia del encuentro internacional, iniciado tres días después de que 193 naciones apoyaran en el seno de la ONU la Declaración sobre migrantes y refugiados, y que el Presidente Enrique Peña Nieto insistiera ante Naciones Unidas sobre el momento histórico y la posición de México “como tierra de migrantes, de viajes de ida y vuelta, de tránsito hacia otros países, como tierra de acogida de otras personas que han abandonado sus lugares de origen por razones económicas o de persecución política”.
La declaración de Naciones Unidas del lunes 19 de septiembre ha marcado un hito en la historia de la humanidad, toda vez que es un logro que 193 Estados –esto es, casi todas las naciones que integran la comunidad internacional–, hayan apoyado una declaración que pretende vincularlos a un trato digno con reconocimiento de derechos a los migrantes y refugiados.
El jurista recordó que la Organización de las Naciones Unidas impulsó, con su creación en 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando nadie hablaba de derechos en el plano internacional y es preciso observar  “dónde estamos hoy en materia de derechos. En 60, 70 años hemos avanzado siglos”.
Aseguró que la iniciativa de la ONU en el tema de migrantes y refugiados puede acabar siendo lo mismo, por lo que hizo votos por que esta declaración votada ayer masivamente en  Naciones Unidas se convierta en el motor de cambio que despierte las conciencias de todas las naciones para garantizar derechos y desde luego un mejor trato a migrantes y refugiados en todo el orbe.
Explicó que la migración es un auténtico problema que los Estados nacionales deben enfrentar. Y esa es la perspectiva que interesa en este evento que se prologará durante tres días en el centro de convenciones de Tabasco 2000; el auditorio Antonio Suárez Hernández, del Tribunal Superior de Justicia y el salón José Gorostiza, del palacio de gobierno.
Es, dijo, la perspectiva de los derechos de quienes por alguna razón se convierten en migrantes, familias y, en muchas ocasiones, menores que viajan no acompañados por alguno de sus familiares o algún adulto.
El catedrático español aseveró que Europa no es modelo a seguir en el trato a migrantes, tal como se ha demostrado con la reciente crisis en la que más de un millón  de personas han accedido a territorio europeo de manera irregular provenientes de países como Siria, Irak y Afganistán.
Sáiz Arnáiz consideró evidente la relevancia del tema en el sistema interamericano de derechos humanos. Detalló que hay ya varias sentencias, y una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos muy reciente, de agosto de 2014, sobre niñas y niños migrantes, por lo que la posición del Pacto de San José funge como una herramienta para tutelar esos derechos.
En cuanto al control de convencionalidad –categoría que en la actualidad están discutiendo con acuciosidad  juristas americanos y   europeos–, refirió que supone la existencia de tribunales internacionales, en el caso americano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos,  que garantizan derechos y dictan sentencias vinculantes para los Estados lo que afecta directamente su soberanía.
Detalló que estas sentencias obligan a todas las autoridades del Estado y condicionan el modo cómo esas autoridades aplican e interpretan incluso la propia Constitución.